FBI, DÍGAME

Yo me lo guiso, yo me lo como. Dejar a la administración de justicia hacer informes sobre la inteligencia estadounidense puede acabar siendo vergonzoso, máxime cuando el acusado es el FBI y quien primero aclara la situación es su primer responsable, Robert Muller. La idea es corregir lo que mal se hizo, abrir una investigación y defender que la llamada ley patriótica es útil para la defensa del país y la lucha antiterrorista. Las 22 violaciones graves detectadas sobre 293 requerimientos son una aguja en el pajar de las 20 intervenciones telefónicas que se hacen año para obtener datos financieros o de negocios que hacen los ciudadanos sin autorización judicial. El concienzudo informe será también leido en el capitolio de Washington y es casi seguro que la clase política y los demócratas que controlan su agenda no dejaran pasar por alto un escándalo que se ha ganado ya una destacada atención informativa de los medios de comunicación.

INFORME DE INFORMES

Dejar a la administración de justicia (Glenn Fine, inspector general en la foto) hacer informes sobre la inteligencia estadounidense puede acabar siendo vergonzoso. Eso parece demostrar el informe que firmado por el inspector general del departamento de justicia será nueva munición puesta en manos de la clase política. Justicia reconoce que el FBI puede escuchar cada año 20 mil nuevos teléfonos amparándose en la llamada Ley Patriótica de defensa y lucha terrorista, pero que eso se hace sin personal suficiente para emitir las citaciones de rigor y sin cumplir ciertas reglas que deben llegar a los jueces. Las conclusiones del informe, adelantado en portada por todos los medios de comunicación, es primera pagina de los periódicos The New York Times y del Washington Post concluye que el programa aplicado por el FBI carece dirección eficaz y denuncia al menos 22 violaciones graves en 293 requerimientos a la hora de grabar llamadas telefónicas y obtener datos financieros y sobre negocios de los ciudadanos sin autorización judicial.